Hace 35 años, la dictadura militar iniciaba un sangriento período de represión y terrorismo de Estado que marcaría un punto de inflexión en la sociedad argentina. Los miles de desaparecidos, los campos de concentración, la desindustrialización y reprimarización de la economía, el nacimiento de grandes monopolios por obra y gracia estatal, la avalancha importadora y el saldo de desocupación y pauperización de la clase trabajadora fueron los aspectos más visibles de la herencia dictatorial.
Aun con la recuperación de la democracia, no ha sido fácil desandar ese legado. La reinstauración del Estado de derecho convivió con la impunidad para los responsables del genocidio y el terrorismo de Estado. El modelo económico, asimismo, mantuvo por años los mismos trazos básicos que el impuesto por la dictadura, fundamentalmente en cuanto a sus beneficiarios, las capas sociales históricamente privilegiadas.     
Desde 2003 apostamos por un país diferente, traduciendo nuestras convicciones y los intereses populares en actos concretos de gobierno. Sentamos las bases de un modelo económico incluyente y con justicia social, y al mismo tiempo restituimos los fundamentos éticos de un Estado activo en la lucha contra la impunidad. Memoria, verdad y justicia, emblemas históricos que anidaban en las luchas y resistencias populares, se han resignificado al convertirse en verdaderas políticas de Estado.
La reparación de la vulneración de los derechos humanos, y las tareas de investigar, juzgar y condenar a quienes perpetraron delitos de lesa humanidad constituyen por parte del Estado argentino acciones de estricta justicia, que se enmarcan además en una concepción más amplia en la que la revisión de nuestro pasado asume una importancia fundamental. En efecto, frente al silencio y al oscurantismo que a fuerza de represión y violencia alimentó la dictadura, este gobierno aspira a través de la memoria colectiva a recuperar nuestra identidad histórica. Vivir en democracia no sólo significa la garantía de derechos y libertad en el presente, sino también amplitud para reinterpretar nuestro propio pasado.  
Es en este marco de promoción de la memoria histórica que desde la Secretaría de Comunicación Pública, se crea el programa Memoria en Movimiento que tiene como eje los Derechos Humanos y la Comunicación.
Haber puesto a la memoria en el centro de las políticas públicas ha sido un sello distintivo del proyecto político iniciado en 2003, y continuado en la actualidad. En forma imprescindible, la construcción de una sociedad justa requiere un ejercicio permanente de reflexión y resignificación histórica por parte de nuestro pueblo. Nuestras potencialidades, debilidades, errores y virtudes, elementos que en su totalidad han forjado nuestra identidad como nación, constituyen en definitiva las claves para pensar en un mejor porvenir.