El juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar constituye una política de Estado de carácter irrenunciable que está siendo completada dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso.
No se trata sólo de juzgar hechos atroces de nuestro pasado reciente como Nación, sino de fijar reglas para nuestra convivencia futura sobre la base de la verdad, la sanción de los crímenes y el respeto de los derechos básicos de las personas.
Desde 2003, la política de Memoria, Verdad y Justicia, que nos distingue hoy como país en la comunidad internacional, fue legitimada por decisiones de los tres poderes del Estado: el Honorable Congreso que anuló las leyes de impunidad, la Corte Suprema de Justicia que declaró su inconstitucionalidad y el Poder Ejecutivo que ha impulsado el juzgamiento de los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
Esta política también ha recibido el acompañamiento de distintos tribunales del país y organismos internacionales de derechos humanos. Su cumplimiento representa una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto.
Concurrir a las audiencias
Los juicios son orales y públicos. Para presenciar las audiencias hay que acreditarse antes del inicio de las mismas, presentando DNI, cédula o pasaporte. Podrán ingresar las personas de 18 años en adelante.
